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El otro Chuy | Columna de Ricardo Sánchez García

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 Caía la tarde con el sol del desierto derritiendo los ánimos. Mujeres, niños, señores amontonados en la parte trasera de una camioneta de redilas. Un fuerte rechinar, gritos, ruegos y sobresalto fueron ahogados por el siguiente momento de caos. Un menor y tres adultos perdieron la vida. ¿Fueron los frenos, falló el motor o quizá se tronó un neumático? No lo sabremos, pero de los diversos accidentes sufridos por jornaleros migrantes en el estado de San Luis Potosí, aún no hay patrón alguno que se haga responsable. Solo los iguales, los más vulnerables, los de bajo rango, ellos sí son castigados.

Chuy pasó más de un año en el desaparecido CEREDI de Guadalcázar. Los internos lo recuerdan como un joven bromista, chistoso, llevado; como decimos: dicharachero. Lejos de su familia, salió libre gracias a un abogado de oficio, al que organismos de la sociedad civil exigieron hiciera una defensa efectiva. En el trayecto del rancho El Ebanito hacia La Noria, 18 personas resultaron con cicatrices que jamás se borrarán. Chuy, indígena mixteco, chofer de la camioneta, es el único que ha pagado su culpa. El otro Chuy es Jesús Zárate Vázquez, dueño de ese y otros ranchos, quien no ha reconocido la relación laboral, desde 2014.

Los accidentes se reproducen una y otra vez. La semana pasada supimos de 30 campesinos lesionados y 10 hospitalizados por la volcadura de una camioneta en la carretera Rioverde-Ciudad Valles; antes, el 3 de marzo, los medios informaban de cinco jornaleros lesionados en un accidente al regresar de su labor en el mismo trayecto hacia La Noria. En todos los casos, ningún patrón se ha hecho responsable.

Los municipios preferidos por los enganchadores para contratar jornaleros son Aquismón, Xilitla, Matlapa y Tamazunchale. De ahí los llevan para Coahuila, Tamaulipas y recientemente van hacia Zacatecas, como nueva zona agrícola. Sinaloa, Nayarit y Sonora completan el circuito. Algunas familias se asientan en las ya tradicionales Baja Californias. A nivel nacional, Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los principales expulsores de campesinos en busca de trabajo. El Altiplano potosino, como lugar de destino, recibe familias que pertenecen al grupo étnico mixteco, de Guerrero.

En las Huastecas, dicen expertos, se conforma una red de reclutadores que tiene como centro de operación Huejutla. Hacen campañas en radio ofreciendo condiciones laborales atractivas que no cumplen; concentran masivamente a personas del norte de Veracruz e Hidalgo y las trasladan a los ranchos. Margarito Monterrubio Hernández, líder del PRI y cercano al gobernador de Hidalgo, es señalado por víctimas, autoridades y miembros de la sociedad civil como responsable de encabezar una familia favorecida económicamente con esta actividad.

El fenómeno migratorio, además de ser un derecho, es por falta de oportunidades en el lugar de origen. Pero visto desde el derecho, el jornal agrícola se considera un trabajo precario y desregulado. Lo podemos ubicar en un apartado que la Ley Federal del Trabajo denomina “Trabajos especiales”, lo que se traduce en desprotección de las y los jornaleros. Además, diez millones de personas en nuestro país dependen de esta actividad, por eso es común ver en ranchos agrícolas a menores de edad trabajando. Son indígenas quienes en un porcentaje alto recurren a este empleo como único medio de subsistencia.

Pero las autoridades tienen su parte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante la Recomendación 70/2016, señala las violaciones al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno, al interés superior de los menores y derecho al trabajo cometidos contra jornaleros en un rancho de Villa de Juárez, San Luis Potosí. Aunque el gobierno estatal rehúye a reconocer situaciones de trata, fue severamente regañado por el organismo al omitir disposiciones de la Ley General para Prevenir la Trata de Personas. En su informe sobre migración interna, en septiembre de 2014, Respuesta Alternativa AC evidenció la falta de supervisión por parte de las autoridades estatales, lo que permite el incumplimiento de las obligaciones de los patrones o dueños de los ranchos. Esto perpetúa la inestable situación de los jornaleros.

El empleador y/o representante del rancho y/o patrón, al saber que alguna autoridad desea inspeccionar las condiciones de seguridad e higiene, busca ocultar a sus trabajadores o moverlos de lugar. Esta práctica común, al ser tolerada por responsables de la supervisión propicia la impunidad. Liquidación anticipada, despidos injustificados, salarios por cantidades que no fueron las acordadas, denotan prácticas insanas en la que incurren los empleadores.

Los jornaleros accidentados son víctimas de la distancia, del desconocimiento del español, ya que nunca les facilitaron traductor. Son víctimas de la codicia rapaz y devorante de quienes aprovechan la desregulación y la extrema pobreza. Para ellos aún no hay indemnización por riesgo de trabajo, pago de incapacidades, vacaciones ni aguinaldo proporcional. No hay indemnización por muerte, ni gastos funerarios. No hay contratos. Los intermediarios se enriquecen a cántaros mientras ocultan la fuente de trabajo.

Chuy salió libre y regresó a su comunidad para pedir perdón. No fue fácil, pues en su misma familia hubo decesos esperando este momento para cerrar sus duelos. El otro Chuy, el dueño del rancho, sigue por la vida contratando jornaleros para llenar arpillas de chile. Son arpillas manchadas con sangre. Nosotros, sólo por los accidentes, recordaremos cada vez las injusticias laborales aquí vertidas.

En tanto, los patrones saben que cíclicamente habrá manos dispuestas a piscar en las condiciones infrahumanas que ofrecen.

@RicSánchezGa

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