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Carreras sí debe intervenir en casos de fracking en la Huasteca: experto

El abogado Guillermo Luévano dijo que se debe tomar en cuenta la Ley de Consulta Indígena

Por: Xochiquetzal Rangel

Ante las manifestaciones de pobladores de la Huasteca potosina por la posible exploración en Ébano, San Antonio, Tamuín, Tanlajás y San Vicente, para la extracción de hidrocarburos, llamado fracturación hidráulica, Guillermo Luévano Bustamante, abogado y coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en entrevista para La Orquesta nos explicó las bases legales que regulan el fracking.

El fracking se deriva de la reforma energética, en la que empresas privadas y no solo el estado, pueden extraer hidrocarburos, por lo que no está prohibido llevarlo a cabo; sin embargo, para poder realizar la extracción de gas e hidrocarburos, se tiene que someter a un procedimiento administrativo, ya que deben contar con una manifestación de impacto ambiental autorizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), licencia de cambio y uso de suelo otorgados por los ayuntamientos, y un permiso de explosivos expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y lo más importante, ser sometido a un proceso de consulta estipulado en la Ley Estatal de Consulta Indígena, por lo que si los pueblos indígenas no autorizan la práctica, la misma no debe realizarse.

“Aunque obtengan los permisos y hagan el trámite administrativo como se debería ser, deben atender y escuchar la voz de las comunidades y si las comunidades no quieren que se haga este mecanismo de extracción de hidrocarburos en los territorios en que habitan, no debe llevarse a cabo” afirmó Guillermo Luévano.

En el caso en el que no se consulten a los pueblos indígenas y se lleve a cabo el proyecto, las empresas implicadas podrían tener sanciones, ya que las comunidades afectadas o las víctimas podrían solicitar un juicio administrativo, por deficiencias de los permisos y también por denuncia popular en materia ambiental, en este caso  la autoridad competente sería la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa ) sería quien puede sancionar a las empresas que causen daños y afectaciones ambientales; también podría haber juicios de amparos, en el caso de que se hayan otorgado permisos sin la debida tramitación.

Guillermo Luévano considera que las sanciones por lo general son insuficientes, por lo que hizo hincapié en que las autoridades tienen que aplicar un principio en materia ambiental de derecho que se llama precautorio, en el que, en vez de reparar el daño, se busca evitar los daños o efectos de contaminación ambiental a través de la precaución, y atendiendo el principio de protección a la naturaleza “pro natura”.

El fracking en algunos países de Europa y América está prohibido, por las afectaciones ambientales que causa, ya que se enquista bajo mucha presión químicos a la tierra para lograr la extracción de hidrocarburos, por lo que se contamina el agua.

¿Es de competencia federal o Estatal?

El coordinador de la Clínica de Litigio, Luévano Bustamante, informó que aunque legalmente el asunto del fracking es de competencia federal, el gobierno estatal, si estuviera interesado en escuchar la voz de las comunidades indígenas, podría hacer gestión política, intermediación y solicitarle tanto a Pemex, como a las empresas privadas involucradas detener sus actividades, “si el estado quisiera hacer eco de este reclamo popular que se está manifestado en las comunidades, principalmente indígenas, podría hacer gestión política, intervención e intermediación para persuadir a las empresas implicadas en el caso de que sea Pemex o la Secretaría de la Defensa Nacional, de que se abstengan  de realizar el fracking en la entidad”.

Indicó que uno de los patrones generales en cuanto a comportamiento de empresas que están involucradas en mega proyectos ambientales, es primero la opacidad, como lo están haciendo actualmente, en donde sólo sabemos por parte de los pobladores que se están llevando a cabo prácticas inusuales en sus territorios, “se conducen con poca información,  en vez de públicamente, se conducen de manera subrepticia, para avanzar lo más que puedan, primero de exploración y después de explotación y ejecución”.

Comentó que ante estás prácticas de opacidad vienen consigo despojos, desplazamientos y rastros de daños ambientales como contaminación, en donde los pueblos indígenas u originarios del lugar afectado es el que menos beneficios recibe, ni económicos, ni de desarrollo.

Respecto a la postura del gobernador Juan Manuel Carreras, que declaró estar a favor de la extracción de hidrocarburos, por la inversión en el estado y fomento de empleos en la zona, pero con su debida consulta a los pueblos indígenas de la Huasteca, Guillermo Luévano considera que de ninguna manera se debe acceder a que se practique el fracking en la zona Huasteca sur y Huasteca Centro de San Luis Potosí, debido a que son las mismas comunidades las que están planteando que no se realice.

“Ahí, él está manifestando una posición a favor del fracking, eso habla de nueva cuenta de mucha insensibilidad, de que desatiende el reclamo de los habitantes y de un menosprecio que normalmente identificamos como racismo ambiental, es decir, a los pobres, a las comunidades realizadas y a las comunidades indígenas que son sujetos de escasísima protección legal, constitucional y ambiental. Es muy lamentable esta perspectiva del gobernador, si él tiene la información que nos la dé a conocer, que diga qué es lo que está sucediendo. Él debería tenerla porque son actividades que se están realizando en el territorio en el que él gobierna, tendría que estar presentando la información que acredite lo que está defendiendo y si él dice que es benéfico que presente los estudios, la información técnica de la que él disponga, debe de tener algunos dictámenes que deben haber hecho llegar las empresas interesadas en realizar fracking en la entidad, especialmente en la Huasteca” finalizó.

 

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