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Anacronismo disfuncional | Columna de Ricardo Sánchez García

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Juan Manuel Carreras debería googlear la vida de Rincón Gallardo, “el mexicano que más veces ha estado en la cárcel”. No a nivel de chisme, sino para que aprenda del excandidato presidencial su lucha contra la discriminación. Eso le daría un parámetro de la trascendencia que tiene la discusión en el Congreso del Estado para lograr que en San Luis Potosí exista un Instituto Estatal de Personas con Discapacidad. Gilberto Rincón Gallardo no solo es sinónimo de esfuerzo. Dedicó su vida a estudiar, profesionalizarse, escribir y fue líder de opinión.

Como sabemos, existen personas con discapacidad que la tienen desde el nacimiento y otras que la adquieren por accidente, enfermedad, envejecimiento o a partir de un hecho violento. Según resultados en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, de 120 millones de habitantes, en México 7.2 reportan no poder hacer actividades básicas y alrededor de 15.9 millones tienen dificultades para realizar actividades ordinarias. San Luis Potosí alcanza el 6.6% de la población estatal en condiciones de discapacidad.

La Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad señala líneas de acción para crear mecanismos bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad de oportunidades. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza que todas y todos puedan participar activamente en cualquier ámbito. En su artículo 9 obliga a los estados firmantes a adoptar medidas que aseguren el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones de uso público.

Mientras entidades federativas vecinas, con bombo y platillo anuncian ser pioneras en la inclusión, en San Luis Potosí la instancia encargada sigue siendo el DIF, desde su Dirección de Integración Social de Personas con Discapacidad. Sus limitadas facultades y recursos nos permiten evidenciar que el gobierno de Carreras tiene una respuesta anacrónica para esta realidad. La considera un asunto de asistencia social.

En San Luis Potosí urge la creación de un Instituto Estatal para Personas con Discapacidad pero además, este no puede ser viciado de origen. En la elaboración y aplicación de políticas públicas para personas con discapacidad se debe respetar el principio de participación. Leyeron bien, existe un derecho a la consulta. Los legisladores deben favorecer la colaboración activa de personas con discapacidad, incluidos niños y niñas, a través de las organizaciones que les representen. Es una obligación derivada de la misma Convención.

Catalina Torres afirma que la discapacidad, en principio no es una enfermedad. Una enfermedad se cura, una discapacidad es una condición para toda la vida. La discapacidad es una combinación de deficiencias biológicas y las barreras culturales y físicas en el entorno. Los derechos de una persona con discapacidad no se reducen a la atención médica. No deberían limitarse a la asistencia social. Todas y todos necesitamos un trabajo dignificante. Todos deberíamos disfrutar de ir al cine, al teatro, a un antro, a un centro comercial. Toda persona requiere viajar dentro del estado y poder ingresar a un hotel. Todas y todos debemos ejercer el derecho a la educación, sin prejuicios culturales o barreras físicas que nos impidan desarrollarnos en cualquier espacio, señala la académica.

Personas con discapacidad y sus familiares han mostrado inconformidad, pues al intentar ejercer algún derecho son canalizadas inmediatamente al DIF. Si bien la discapacidad se llegó a considerar como enfermedad o deficiencia de las personas y por ello durante años se atendió desde la salud o la asistencia social, hoy hemos comprendido que es resultado de un binomio: deficiencia-barreras.  Vista así, es un fenómeno construido en la sociedad a partir de la cantidad de obstáculos ajenos a la persona que le impiden desarrollarse plenamente. Una persona con discapacidad no puede ser atendida por la actual dirección del DIF. Ese acto de caridad y buena voluntad del Estado, representado en la figura bondadosa de la primera dama, debe erradicarse. Cualquier Estado incluyente se caracteriza por transversalizar ajustes razonables en sus políticas, que permitan la inclusión de todas las personas.

Por ejemplo, hay países en el que una persona en silla de ruedas puede desarrollarse plenamente en el trabajo y proyectarse profesionalmente, así como llevar su vida social satisfecha. Esa misma persona, nacida en una comunidad potosina, estaría condenada a vivir encerrada en el cuarto de su casa. Lo que cambia son las posibilidades que el estado y la sociedad le otorgan. A esto le llamamos ajustes razonables. El Estado debe garantizar en todos los ámbitos el derecho a la igualdad, para lo cual las facultades del DIF no alcanzan, ni le corresponden.

En el Congreso del Estado, las y los diputados tienen oportunidad de tomarse en serio el tema. No se trata de burocratizar, ni engordar las instituciones, como han argumentado. En caso de que las y los diputados no asuman esta responsabilidad, colaboran en la discriminación y niegan el derecho de toda persona a la igualdad. Sabido es que en este tipo de decisiones, predomina el monopolio del poder y el uso de recursos públicos, por encima de los beneficios ciudadanos. Dinero y poder en su perversa combinación han limitado el ejercicio de los derechos humanos, durante años.

La dirección de discapacidad dentro del DIF es anacrónica y disfuncional. Nadie debería tener miedo de perder lo que aún no se ha logrado, en este caso: Igualdad, equidad, democracia, justicia.

Ninguna lucha está perdida antes de darse, cuando hay decisión de llevarla a cabo.

@RicSanchezGa

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