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Amparo confirma sustracción de una niña en Ciudad Judicial en SLP

El Poder Judicial había intentado desmentir la sustracción de una niña, pero una resolución del Tribunal Colegiado reconoce que se dañaron los derechos del padre

Por: Redacción

Un amparo del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito reconoce “irregularidades”, la existencia de “dos actas reclamadas de 16 de junio de 2017” y “una actuación lesiva de diversas formalidades” en el caso de una presunta sustracción de menor, ocurrida en el edificio sede del Poder Judicial del Estado.

El 16 de junio de 2017, con engaños, el padre de una menor, quien tenía la custodia de la niña, llevó a su hija a una convivencia con su madre a la Ciudad Judicial de San Luis Potosí. Sin embargo, al terminar el tiempo de la convivencia, la menor no fue devuelta con su papá, sino que desapareció junto a su mamá por el estacionamiento de la sede del Poder Judicial del Estado, en contubernio con trabajadores de ese órgano de gobierno.

El asunto fue dado a conocer el 20 de junio de 2017 en una rueda de prensa por los abogados defensores del padre, Miriam Terrazas y Mauricio Rocha, en su afán de hacerlo saber a la comunidad de San Luis Potosí. La situación fue desmentida por el Poder Judicial al día siguiente, mediante un boletín de prensa, en el que se mencionaba que “La situación deriva de un asunto jurisdiccional entre particulares en el que el Juez Primero Familiar, en atención a una ejecutoria de amparo y tras haber recabado pruebas, determinó una custodia provisional”.
“Siendo pertinente mencionar que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales se encuentran reguladas en ordenamientos que establecen los recursos jurídicos o medios de impugnación para que las partes involucradas, si así lo consideran, estén en aptitud de recurrir las determinaciones que estimen les causen agravio”, continúa el boletín enviado por el Poder Judicial del Estado el 21 de junio de 2017.

En contraste con lo presumido por el área de prensa del Poder Judicial, el amparo en revisión principal civil 232/2018, otorgado por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito establece: “Este Tribunal Colegiado de Circuito coincide en la existencia de esas irregularidades de forma, secuencia y veracidad en que acontecieron y se asentaron los hechos relacionados con la entrega de la menor, de lo que se dio cuenta mediante las dos actas reclamadas del 16 de junio de 2017, por lo que, ciertamente, se trata de una actuación lesiva de diversas formalidades establecidas en el auto que ordenó la entrega de la menor, la cual trascendió la esfera jurídica del quejoso”.

Se mencionan dos actas, pues existe una, firmada solamente por la actuaria judicial Brenda Ivett Cordero Ramírez y la ministerio público Guadalupe Salazar Ponce, en la que no existen las firmas del padre ni la madre, con una conclusión. Después, una segunda acta tiene muestras de haber sido complementada a la original, con datos extras al acta original, pero también sin las firmas de los padres.

Las formalidades necesarias para que el padre entregara a su hija requerían que el cambio de custodia se hiciera de manera voluntaria, dado que el padre tenía derecho a solicitar una suspensión provisional de la orden de entrega, lo que le fue negado en la práctica al permitir a la madre llevarse a la niña, una clara violación a los derechos jurídicos y humanos del padre.

Durante la audiencia pública del 3 de octubre de 2018, los magistrados Alberto Durán Carrizales y Jaime Arturo Garzón Orozco le solicitaron al ponente, el magistrado Pedro Elías Soto Lara que en la resolución del amparo se resaltara “que no es posible que en la Ciudad Judicial ya es reiterado que se cometan acciones por servidores públicos, en perjuicio del interés superior de los menores”.

Amparo PDF

Por tanto, el amparo menciona: “Este órgano colegiado reprueba la actuación, falta de formalidades y al margen de la ley llevada a cabo por las autoridades responsables, la cual no se justifica ni atendiendo al interés superior de la menor, que como pauta interpretativa en favor de la niñez, obliga a todas las autoridades a su respeto, incluso al actuario judicial (en este caso, de nombre Brenda Ivett Cordero Ramírez”, pues aun cuando se conviene en que en todo momento debe preferirse el derecho de la menor a la no afectación con la entrega con el propósito de no exponerla a un conflicto entre las partes; lo cierto es que esa salvaguarda no puede llevar a violar los derechos que asisten a las demás partes”.

El amparo también menciona “las autoridades solo pueden hacer aquello que les está permitido y aun cuando la ley les permite intervenir de manera oficiosa en asuntos de familia, esa facultad no puede llegar al extremo de transgredir diversos derechos o llevarlos a actuar al margen de las disposiciones legales”.

Además agrega: “No le autorizaba a entregarla sin realizar requerimiento previo al padre que la tenía en posesión, ni a ocultar el paradero de la madre y de la menor una vez terminada la convivencia, ni las razones de su ausencia”.

El amparo también menciona la necesidad de “la asistencia de la trabajadora social”, que se ausentó ese mismo día 16 de junio de 2017 de su labor, de acuerdo con información que habrían obtenido los abogados defensores del padre de la menor, Miriam Terrazas y Mauricio Rocha, mediante una solicitud de transparencia.

El amparo señala que «la autoridad judicial y el actuario debieron enfrentar las condiciones con respaldo en la ley, sin emplear medidas subrepticias o acciones que lleven a poner en duda su actuación».

Pese a las irregularidades en la entrega de la menor, el amparo señala -contradictoriamente- que no puede ser devuelta a su padre, “pues aunque la diligencia de entrega de la menor resultó ilegal, lo cierto es que no podría restituirse al quejoso”, debido a que el interés superior de la niñez da preferencia a que la niña se mantenga en el contexto en el que ha estado desde que fue retirada a escondidas de la Ciudad Judicial, el 16 de junio de 2017.


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