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Activistas exigen protección a periodista potosina amenazada

El día de ayer, sujetos a bordo de un automóvil dispararon al Bar Carajillos y a las oficinas del periódico Código San Luis

Por: Redacción

El día de ayer, sujetos a bordo de un automóvil dispararon al Bar Carajillos y a las oficinas del periódico Código San Luis, ubicados en Montes Apalaches y Montes Aconcagua, en la plaza comercial Aconcagua. Además, dejaron una cartulina con un mensaje en el que amenazan con atentar contra la vida de la directora del periódico.

Ante esto, el Centro Samuel Ruiz de Derecho Humanos A.C. emitió un comunicado en el que condenan las amenazas dirigidas a la periodista María Luis Paulín, y exigen la acción del gobierno. El documento completo es el que se cita a continuación:

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en su artículo 2 define las agresiones como el “daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” y la Declaración Universal de los Derechos Humanos prescribe en su artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

 

En el comunicado señalan que es responsabilidad del gobernador, Juan Manuel Carreras López, mantener la seguridad dentro del Estado, y que continuaran insistiendo en que no se calla la verdad amenazando periodistas.

Mencionan que lo grave es que, en el Estado, la directora de Código San Luis, no es la única de su profesión con hostigamientos o amenazas, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede dar cuenta de ello.

Por último, exigen la inmediata implementación del incipiente mecanismo de protección a periodistas en el estado, en los términos de la ley, de las necesidades de las víctimas, así como una investigación eficiente, eficaz y diligente, garantista de la seguridad personal, para fines de procurar justicia y evitar se incrementen los niveles de violencia.

 

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